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Utilizando de nuevo la herramienta del Real Decreto Ley, el 27 de Enero de 2012 sale el RDL 1/2012 que fulmina todas las primas a las energías renovables en lo que se conoce como la ley de la moratoria renovable provocando la eliminación de facto del apoyo a las energías sostenibles. Esta norma no tiene, por fortuna, carácter retroactivo como es el caso del RDL 14/2010 que limita las horas de funcionamiento de todas las instalaciones fotovoltaicas. El RDL 1/2012 no tiene un efecto directo sobre las instalaciones existentes, pero para la industria renovable supone un frenazo, causando numerosos problemas en instalaciones proyectadas y en otras en construcción.
En el caso particular de mi instalación solar de 5,0 kW de potencia nominal (en funcionamiento desde 2007) esta regulación no ha afectado directamente, pero sí de manera indirecta al aumentar ligeramente los gastos de mantenimiento debido a la bajada de actividad en el sector renovable.
Los expertos del sector y las asociaciones de la industrial fotovoltaica consideran que las primas deben ir progresivamente disminuyendo a razón de la mejora tecnológica, pero solo para las nuevas instalaciones, permaneciendo invariables para las instalaciones ya ejecutadas y en funcionamiento ya que estas instalaciones tienen su rentabilidad comprometida a unas primas fijadas justo antes de su construcción y aseguradas por Real Decreto.
De nuevo este cambio normativo sacude las esperanzas depositadas en un futuro con energía más renovable. Además ahonda en la teoría de que “seguridad jurídica” no es un concepto aplicable a la regulación en materia de energías sostenibles en este país como se comprueba al ver que no han pasado ni tres meses desde el anterior cambio normativo que fue la aparición del “impuesto” especial para los productores de energía en Octubre de 2011.
Las medidas tomadas mediante el RDL 1/2012 afectan de manera negativa sobre elementos importantes de la política energética del país, como son:
- Disminuye la seguridad energética del país, por lo que serán necesarias más importaciones de energía.
- Aumenta las emisiones de dióxido de carbono debido al mayor uso de carbón y petróleo.
- Aumenta la volatilidad en los precios de la energía por una mayor dependencia de factores externos no controlables.
- Profundiza en la destrucción de empleos sostenibles.
Lo que si es cierto es que estas medidas suponen unos beneficios para las grandes compañías suministradoras de energía que operan en este país, puesto que aseguran la venta de su energía, generada en muchos casos mediante centrales nucleares, de carbón y de gasoil y favorece además el mantenimiento del oligopolio eléctrico y la perpetuación de salarios multimillonarios para los presidentes de estas compañías y para muchos consejeros y asesores que anteriormente han pasado por la política y que se son finalmente contratados en estas grandes empresas.
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